Justicia, un reclamo ineludible

El pasado jueves 4 de octubre se cumplieron seis meses del asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la Republica Argentina (CTERA) convocó, ese mismo día, a un paro nacional de actividades por 24 horas, que involucró desde los estamentos iniciales hasta el nivel superior. El fin del mismo fue manifestarse en contra de la impunidad y por el pronto arribo a un juicio y castigo de los responsables del asesinato del maestro.

De acuerdo con la información brindada oficialmente desde el gremio, este 6 de octubre finaliza el plazo de la etapa de instrucción de la causa, que posteriormente será elevada a juicio. Como parte del proceso, resulta importante destacar que sólo se esta inculpando al ejecutor material del hecho, el agente de la policía de Neuquén Darío Pobrete, mientras que tangencialmente se ha señalado como indirectamente responsables a algunos de sus jefes y al subsecretario de seguridad provincial, actualmente separado de la fuerza.

En Tres Arroyos, la Secretaria General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Ethel Gómez, señaló que “a este paro también se adhirieron gremios (…) que son representativos en la provincia, como lo son AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), FEB (Federación de Educadores Bonaerenses)” y organizaciones que integran a educadores que trabajan en escuelas privadas, como el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Gómez, recordó que se busca “justicia lo antes posible” y pretenden que “los responsables de esta cuestión (…), tanto el que tomó el arma y lo mató como el que ideológicamente impulsó la acción, sean juzgados y castigados como corresponde, por la justicia, ya que este hecho hoy toca a los docentes, pero mañana le puede pasar a cualquier otra persona”.

Precisamente, debe recordarse que el titular del gobierno que impulsó la fatídica represión fue el gobernador de Neuquén y actual candidato presidencial, Jorge Sobisch.

Sencillamente, un candidato a presidente no debería tener cuentas que aclarar ante la Justicia, en tanto pretende convertirse en la máxima autoridad política y administrativa de una Nación. Que esta cuestión se juzgue y aclare no sólo debe pretenderse como un objetivo moralmente correcto; también sería importante que los argentinos lo recordaran al momento de presentarse frente a las urnas, en el trascendental acto eleccionario de fines de octubre.