Saber distinguir

24
sep
2008

Si hay un tema que genera controversias en la sociedad, ese es el aborto. Hay quienes se postulan fuertemente a favor de esta práctica y otros que no. No obstante, la ley en Argentina es más que clara: no está permitida esta aplicación y establece penas tanto para la madre como para el médico que lo lleve a cabo.

El artículo 86 del Código Penal, cuyos incisos 1º y 2º formulan que el llamado “aborto no punible”-no castigado- vale “si se ha hecho con el fin de evitar un riesgo para la vida o salud de la madre y si tal peligro no puede ser evitado por los médicos” –inciso 1º-, o bien “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” -inciso 2º-.

Según datos publicados en Crítica de la Argentina, se realizan, aproximadamente, 500 mil abortos por años en este país. Asimismo, el 79 por ciento de los argentinos está de acuerdo con el interrupción de un embarazo en caso de que una menor de 15 años haya sido abusada; y el 78 por ciento para cualquier mujer abusada.

Indudablemente, atentar contra la vida de las personas debe ser castigado, más aun si se trata de bebés en plena gestación y desarrollo.

Sin embargo, hay excepciones que deberían tenerse en cuenta. En los últimos días, se dio a conocer un caso en el que la frívola ley primó sobre el sentido común. Con esto no se quiere fomentar que no se cumpla lo estipulado por las leyes, sino que tendrían que existir concesiones ante determinados casos.

Uno de ellos es el ocurrido en Mendoza. En esa ciudad, una nena de 12 años había sido violada por su padrastro de 50. Como consecuencia del abuso la víctima quedó embarazada. Debido a esto la madre de la nena solicitó que se le practicara un aborto, a lo que el juez de Familia Germán Ferrer no autorizó, amparándose en el artículo 86 del Código Penal.

En este caso puntual, las leyes deberían quedar en segundo plano y, por lo tanto, se debió haber empleado el sentido común. Por más que la nena abusada no tenga ninguna discapacidad, no permitir que pueda interrumpir un embarazo causado por una violación es poco apropiado. En conclusión, no todo debería ser tan absoluto. Relativizar y ser más flexibles en cuestiones como las ocurridas en Mendoza.

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